Publicada en el BOE la sentencia del Tribunal Supremo que anula las bonificaciones que disfrutaban los transportistas por los desvíos obligatorios de los camiones en la autopista de peaje AP-68

Publicada en el BOE la sentencia del Tribunal Supremo que anula las bonificaciones que disfrutaban los transportistas por los desvíos obligatorios de los camiones en la autopista de peaje AP-68

Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles 31 de julio de la sentencia del Tribunal Supremo  que declara nulas las bonificaciones a camiones por el desvío obligatorio a la autopista de peaje AP-68 en la Rioja,  se da “una vuelta de tuerca más” en el monumental lío judicial, y las consecuencias que para el sector del transporte por carretera puede implicar, la aplicación de la referida sentencia dictada el pasado 4 de Julio, por la que se anula el Real Decreto 1923/2017 que establece las bonificaciones a los más de 3500 transportistas afectados por la prohibición de circulación por la N-232 y el consiguiente desvío obligatorio a la autopista de peaje, que como se recordará entró en vigor a finales del año 2017.

En este sentido, según ha podido conocer FENADISMER, el Gobierno de la Rioja ha confirmado que en aplicación de la sentencia desde este momento deja de hacer su aportación económica establecida en el convenio acordado en su día con el Ministerio de Fomento para compensar a la concesionaria de la autopista por la aplicación de las bonificaciones a los camiones, teniendo en cuenta que su participación en el convenio representaba el 60% del total del importe a abonar, en concreto más de 3,6 millones de euros presupuestados para un período de 4 años.

Por su parte, el Gobierno central continúa estudiando la forma de ejecutar la sentencia del Alto Tribunal para tratar de reducir el fuerte impacto económico que puede ocasionar a los miles de transportistas que diariamente transitan por dicha ruta, teniendo en cuenta que la eliminación de las bonificaciones a los peajes obligatorios sextuplicarían su importe a pagar, pasando de los actuales 5 euros por trayecto a 29 euros, aunque, la situación de provisionalidad en que se encuentran tanto el Gobierno central como el riojano dificultan la aprobación de cualquier medida normativa, por lo que FENADISMER ha transmitido a diferentes representantes el Gobierno central su enorme preocupación por las consecuencias de la aplicación del fallo judicial, frente al que no cabe recurso alguno.

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