PIMEC insta al Departament de Treball a iniciar cuanto antes el procedimiento de acreditación y atribución de la cuota de representatividad institucional

PIMEC insta al Departament de Treball a iniciar cuanto antes el procedimiento de acreditación y atribución de la cuota de representatividad institucional

Las razones de la patronal obedecen a la inseguridad jurídica que está provocando el retraso de la Generalitat porque no hace efectiva la sentencia que resuelve la capacidad y competencia del Gobierno catalán de poder medir la representatividad

Barcelona, 5 de febrero de 2019. Más de 200 representantes de gremios y asociaciones empresariales han participado hoy en la sesión informativa que ha tenido lugar en el Hotel Abba Sants bajo el título “El derecho a decidir de las pymes”. El objetivo de la reunión ha sido explicar a los socios colectivos de la entidad la situación actual sobre el procedimiento de acreditación y atribución de la cuota de representatividad institucional que la Generalitat de Catalunya debe poner en marcha.

El presidente de PIMEC, Josep González, durante su intervención, ha instado al conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, a “iniciar cuanto antes el procedimiento de acreditación y atribución de la cuota de representatividad institucional”, tal y como resolvió de forma histórica el Tribunal Supremo otorgando la capacidad y competencia al Gobierno de la Generalitat de poder medir la representatividad.

En este sentido, González ha manifestado la inseguridad jurídica que está provocando esta tardanza y ha recordado que “este procedimiento se debería haber iniciado el 15 de septiembre de 2018, de acuerdo con el preacuerdo firmado entre el mismo Departamento de Trabajo, PIMEC y Foment del Treball, el pasado 27 de julio”. Este procedimiento debería haberse iniciado hace meses después de que Foment del Treball no respetaras el preacuerdo, que tenía previsto un reparto paritario en la representatividad, que PIMEC consideraba justo, legal, equitativo y necesario para poder defender y representar los intereses de les pequeñas y medianas empresas y profesionales autonoms, que representan el 99,8% del tejido empresarial y el 70% de los trabajadores de Cataluña.

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