El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco resolverá este jueves 20 sobre la legalidad del “repeaje maquillado” para camiones en la N-1 y la A-15 que sustituyó al declarado nulo por el mismo Tribunal.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco resolverá este jueves 20 sobre la legalidad del “repeaje maquillado” para camiones en la N-1 y la A-15 que sustituyó al declarado nulo por el mismo Tribunal.

Como se recordará, pese a que en Abril de 2008 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró ilegal el peaje a camiones en la N-1 y la A-15 puesto en marcha en Enero de ese mismo año, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha continuado exigiendo el cobro del mismo a los más de 10.000 camiones que diariamente transitan por ambas vías, manteniendo de este modo los ingresos millonarios que mensualmente recauda de los transportistas, bajo la excusa de que dicha decisión no es firme hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo en base al recurso presentado por dicha Administración que se encuentra aún pendiente de resolución.

Sin embargo, a fin de sortear un posible fallo judicial contrario del Supremo, la Diputación de Guipúzcoa, tras su aprobación por  las Juntas Generales, puso en marcha en mayo del pasado año una reforma “maquillada” de los citados peajes, a fin de tratar de camuflar el carácter discriminatorio de la anterior regulación declarada nula, estableciendo dos nuevos pórticos de control del pago del peaje (en Astigarraga y en Andoaín) y ampliando levemente el tramo sujeto a cobro, en concreto 3´1 kilómetros más en el caso de la N-1, sin que durante todo este tiempo haya dejado de recaudar dicha “tasa millonaria” a los transportistas.

En todo caso, estando a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación interpuesto por la Diputación de Guipúzcoa y las Juntas Generales contra la sentencia del TSJ del País Vasco que declaraba ilegal el anterior sistema de cobro del peaje, FENADISMER ha podido conocer que este jueves 20 de Febrero el órgano judicial regional resolverá sobre el recurso interpuesto  en su día por las asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera contra la nueva regulación, por considerar que persiste la misma situación de discriminación para los transportistas que atraviesan dicha provincia que contemplaba la regulación anterior.

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